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Trump prioriza la agricultura regenerativa y combate químicos
Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la semana pasada, el 25 de junio, una orden ejecutiva denominada “Advancing Regenerative Agriculture and Strengthening American Farm Resilience”, con la que la agricultura regenerativa pasa a ser una prioridad de política federal en ese país. La firma se realizó en el Despacho Oval junto al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, además de cuatro agricultores que ya aplican prácticas regenerativas en sus campos.
La orden se enmarca dentro de la agenda Make America Healthy Again (MAHA), impulsada por Kennedy Jr., y busca vincular la salud del suelo con la salud pública. Según el texto oficial, es política de la actual administración estadounidense “promover avances continuos en tecnologías de agricultura de precisión, aumentar significativamente la inversión federal en prácticas, investigación y educación en agricultura regenerativa, e impulsar la innovación del sector privado en la modernización agrícola reduciendo la burocracia”.
Los tres ejes de la agricultura regenerativa en la orden
La orden instruye a tres agencias federales, el Departamento de Agricultura (USDA), el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), a trabajar de manera coordinada en las siguientes líneas.
En primer lugar, se ordena expandir el alcance del Regenerative Agriculture Pilot Program de USDA, un programa piloto que ya completó más de 67 mil planes de conservación en más de 49 millones de acres, mediante alianzas público-privadas que den mayor capacidad a los productores interesados en adoptar prácticas regenerativas.
En segundo lugar, la EPA deberá priorizar el registro de sustancias que puedan usarse como alternativas a ingredientes activos más antiguos en el control de plagas, además de revisar los datos sobre el uso de desecación pre-cosecha, la aplicación de químicos para secar cultivos antes de la cosecha.
En tercer lugar, y quizás el punto más comentado, USDA, HHS y EPA deberán desarrollar un marco de investigación conjunto sobre la exposición química acumulada en el suministro alimentario estadounidense, usando nuevos enfoques científicos.
Una regla paralela para biocombustibles
El mismo día, la secretaria Rollins anunció la Regenerative Feedstock Rule, una normativa final que conecta las prácticas de agricultura regenerativa con el mercado de biocombustibles para maíz, soya, sorgo y canola de primavera. La regla permite a los productores que implementen prácticas regenerativas acceder a precios preferentes al vender sus cultivos a la cadena de biocombustibles, a través de un sistema de cuantificación de intensidad de carbono a nivel de campo.
De acuerdo con cifras de USDA, alrededor del 68% de los productores de maíz y el 70% de los productores de soya en Estados Unidos ya aplican al menos una práctica regenerativa, por lo que la nueva norma apunta a que ese trabajo, hasta ahora no remunerado, comience a generar valor económico directo.
Críticas por falta de nuevo financiamiento
No todas las reacciones fueron favorables. Organizaciones como la National Sustainable Agriculture Coalition advirtieron que la orden no contempla presupuesto adicional, lo que genera dudas sobre el alcance real de la expansión anunciada, especialmente considerando que el personal del Natural Resources Conservation Service (NRCS), encargado de administrar estos programas, ha disminuido en cerca de un 25% desde el inicio de la actual administración.
Por su parte, Daren Coppock, presidente de la Agricultural Retailers Association, señaló que ningún gremio agrícola fue consultado durante la redacción de la orden y que parte del texto habría sido tomado directamente de informes previos de la agenda MAHA.
La medida se conoce, además, pocos días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara a favor de la empresa Bayer en una demanda vinculada a los riesgos de cáncer asociados al glifosato, principio activo que la orden ejecutiva no menciona directamente, pero que forma parte del debate de fondo sobre exposición química que la nueva investigación federal buscará abordar.
Análisis e implicancias para la agricultura chilena y latinoamericana
La orden ejecutiva firmada por Trump no ocurre en el vacío. Se inserta en un momento en que Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones agrícolas chilenas junto con Europa y Asia, está redefiniendo su relación entre regulación sanitaria, agroquímicos y comercio exterior. Para la industria agrícola chilena, entender el trasfondo de esta medida es tan relevante como conocer su contenido.
El primer punto a observar es el mercado de biocombustibles. La nueva Regenerative Feedstock Rule premia con mejores precios a los productores de maíz, soya, sorgo y canola de primavera que certifiquen prácticas regenerativas mediante el USDA Feedstock Carbon Intensity Calculator. Si bien Chile no es un actor relevante en estos cuatro cultivos a nivel de exportación hacia biocombustibles estadounidenses, la lógica de fondo sí importa: Estados Unidos está construyendo un sistema de trazabilidad y cuantificación de carbono a nivel de campo que, si resulta exitoso, es altamente probable que se traslade en el mediano plazo hacia otros rubros agrícolas, incluyendo frutícola y hortícola. Los exportadores chilenos de nueces, avellanas europeas y frutos deshidratados deberían monitorear si este tipo de exigencias de certificación comienza a extenderse hacia productos de exportación no tradicionales, ya que anticiparse a esos estándares suele representar una ventaja competitiva frente a mercados que reaccionan tarde.
El segundo punto, y quizás el de mayor sensibilidad para el sector productivo nacional, es la línea de investigación sobre exposición química acumulada en el suministro alimentario que deberán desarrollar conjuntamente USDA, HHS y EPA. Este tipo de marcos regulatorios, aunque parten como ejercicios de investigación científica, históricamente han derivado en cambios en los límites máximos de residuos (LMR) permitidos para exportaciones agrícolas. Para Chile, que exporta a Estados Unidos una parte significativa de su producción de paltas, frutillas, uvas y otros frutos frescos, cualquier ajuste futuro en los estándares de residuos de agroquímicos tiene efectos comerciales directos, no solo regulatorios. La experiencia de la Unión Europea con la reducción progresiva de límites de residuos en la última década es un antecedente que vale la pena tener presente como posible hoja de ruta.
El tercer elemento de contexto es el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de Bayer en el caso vinculado a los riesgos de cáncer asociados al glifosato, conocido pocos días antes de la firma de esta orden ejecutiva. Aunque la orden no menciona el glifosato de manera explícita, el momento en que se produce no es casual. El ala MAHA de la administración, liderada por Kennedy Jr., ha presionado abiertamente por mayores restricciones a pesticidas convencionales, mientras que el fallo judicial fortalece la posición de la industria agroquímica. Este pulso interno dentro del propio gobierno estadounidense, entre quienes buscan acelerar registros de nuevos productos y quienes exigen mayor escrutinio sobre los existentes, es un factor de incertidumbre regulatoria que la agricultura latinoamericana, altamente dependiente del glifosato y otros herbicidas de uso masivo, debería seguir de cerca durante los próximos meses.
Finalmente, conviene relativizar el alcance real de la medida. Especialistas como Jesse Womack, de la National Sustainable Agriculture Coalition, y el propio Daren Coppock, de la Agricultural Retailers Association, coincidieron en que la orden no trae financiamiento adicional y que su implementación dependerá en gran medida de la capacidad operativa de agencias como el NRCS, que ha visto reducido su personal en cerca de un 25% durante la actual administración. Esto sugiere que, más que un cambio regulatorio inmediato, se trata de una señal política que fija dirección de largo plazo. Para la agricultura chilena y latinoamericana, el valor de esta orden ejecutiva está menos en sus efectos inmediatos y más en lo que anticipa, un mercado estadounidense que probablemente exigirá, en los próximos años, mayor trazabilidad, certificación de prácticas regenerativas y estándares más estrictos sobre residuos químicos como condición de acceso.
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