Ley de Fomento…o Tormento Ganadero / Jorge Euclídes Ramírez

La Asamblea Nacional siguiendo instrucciones del protectorado norteamericano de facilitar la recuperación de la economía venezolana, como parte de la ruta hacia la transición democrática que culminará en elecciones libres y supervisadas internacionalmente, está procediendo a la revisión de leyes que han obstaculizado el desempeño productivo de los diferentes actores empresariales que sobreviven luego de varios lustros de políticas socialistas.

En este empeño por revertir los daños causados están en proceso de aprobar una nueva Ley para el fomento de la ganadería y para tal objeto recorren el país para escuchar las opiniones de los involucrados en la producción ganadera. En esta Ley se concede igual protagonismo a ganaderos, consejos comunales, comunas, comunidades indígenas y cualquier otra ONG que ellos consideren tiene presencia en este sector.

Para dimensionar la importancia que tiene esta Ley Ganadera tenemos que retroceder 20 años y ubicarnos en el inicio de los conflictos reales entre el gobierno socialista y los empresarios venezolanos, los cuales precisamente se iniciaron con la Ley de Tierras y la oposición férrea que está encontró en el sector ganadero, en representación de todos los empresarios y productores del campo venezolano. Debemos hacer memoria del desafío que le hizo al entonces Presidente Hugo Chaves quien fuera el máximo líder de FEDENAGA, José Luis Betancourt, al romper frente a las cámaras de televisión unas páginas contentivas de la citada Ley. Esta posición le valió ser considerado un líder de todos los empresarios venezolanos y por ello fue electo Presidente de Fedecámaras.

Con esta perspectiva nos ubicamos en la magnitud que tiene el sector ganadero dentro de este espinoso proceso de expropiaciones y confiscaciones de bienes de la economía privada, proceso que tiene eventos sobresalientes como el de La Marqueseña y en Lara las confiscaciones de las fincas de Abelardo Riera, Rafael Marcial Garmendia y Zeilah Carrasco, todas actualmente improductivas, luego de haber sido ejemplo de eficiencia en producción de alimentos y fuentes de empleo.

Entendemos que cuando Delcy y Jorge Rodríguez hablan de errores cometidos que deben enmendarse, se refieren entre otros estropicios, a estas expropiaciones prediales y por ello el interés en aprobar nuevas leyes correctivas de políticas anteriores, pero veamos hasta qué punto la nueva ley ganadera cumple con este propósito.

Consideramos que esta Ley propuesta no satisface las expectativas de los ganaderos venezolanos, simplemente porque no se enfoca en los problemas que directamente los afectan y que por casi tres décadas han traído ruina y abandono a las zonas rurales de Venezuela. No vamos a enumerar los padecimientos que han sufrido, ni el número de hectáreas improductivas que ha dejado la aplicación de políticas de control estatista sobre el campo venezolano, todos sabemos de esta realidad, todos la hemos sufrido, nuestra intención es solamente señalar que esta Ley no corrige estos problemas y por vía contraria los sostiene, en la medida que dispone un control absoluto del Estado sobre las actividades ganaderas y crea instancias de decisión en las cuales los gremios de productores juegan un papel secundario. Esta Ley en consulta repite los mismos errores del pasado, como lo es meter en un mismo saco asuntos de diferente naturaleza. Por ejemplo pretender que con ella se solucionen los problemas de las zonas rurales, cuando la ganadería es una actividad económica específica que necesita de políticas concretas que tienen que ver con mantener condiciones sustentables como negocio rentable.

Y ese es el problema general, conceptual, de esta Ley que están llevando a consulta a nivel nacional, es una Ley que repite el error de plantear soluciones con un criterio estatista, mediante un sistema de planificación y control donde el Estado se reserva las decisiones importantes y al sector privado se le mantiene como un invitado de piedra, en simple rol de ejecutor de las políticas oficiales.

En realidad las expectativas en materia legal de los ganaderos son muy sencillas, quieren trabajar, producir leche y carne de calidad para el pueblo venezolano, quieren vivir de este trabajo y dejarlo como herencia a sus hijos. En esta Ley nada de esto está escrito y ese vacío habla más que cualquier promoción mediática que se haga del interés oficial en corregir errores del pasado.

Quedan pues los ganaderos venezolanos con esta nueva ley en el mismo tormento del pasado, en conflicto permanente con consejos comunales y comunas, a quienes se les da un rol protagónico en asuntos prediales y además sujetos a unas autoridades especiales con poderes discrecionales que exceden el ámbito judicial.

La única corrección posible a los dramas económicos causados por el socialismo es construir un Estado Liberal que permita y potencie la acción privada como instrumento para la creación de riqueza y así pueda el Estado recibir impuestos para atender la problemática social.

 El Impulso / Jorge Euclides Ramírez

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