Acarigua, Edo. PORTUGUESA.- .- El riesgo legal en el sector agropecuario suele operar en silencio, agazapado en rendijas normativas y trámites dispersos que rara vez figuran en los libros contables, pero que terminan erosionando la rentabilidad y frenando la inversión a largo plazo. Para profundizar en esta realidad y desentrañar cómo resguardar a la empresa agraria, conversamos con el Dr. Marcos Ordóñez Paz, abogado egresado de la Universidad de los Andes con más de 23 años dedicados al ejercicio, la investigación científica y la difusión del derecho agrario. Con una sólida trayectoria que incluye su paso como Procurador Agrario con Competencia Nacional, Defensor Público Agrario, Juez Agrario y actual miembro fundador y Director-Gerente de la Sociedad Venezolana de Derecho Agrario (SOVEDAGRO), el especialista analiza los desafíos de la seguridad jurídica y las reformas indispensables para el desarrollo del agro nacional de cara al IV Encuentro Gerencia, Economía y Finanzas del Agro (GEFAGRO 2026).

Dr. Marcos Ordóñez Paz, directivo de SOVEDAGRO, ponente sobre riesgo legal en la empresa agraria para GEFAGRO 2026

¿Cómo evalúa el marco jurídico actual respecto a la seguridad jurídica y protección de la empresa agraria nacional?

“Lo evalúo como un marco de dos caras, y es importante que el productor conozca ambas. La primera es la de las garantías. La Constitución declara que la producción de alimentos es de interés nacional y ordena que la economía se desarrolle garantizando la seguridad jurídica. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por su parte, contiene herramientas de protección que muy pocos cultivadores usan: el certificado de finca productiva, la garantía de permanencia y, sobre todo, la potestad del juez agrario de dictar medidas para que la producción no se interrumpa, exista o no juicio. Pocas ramas de nuestro derecho ofrecen una protección tan potente a una empresa en marcha.”

“No obstante, esta perspectiva convive directamente con la segunda cara: la de la incertidumbre. La ley vigente, que data de 2010, está construida sobre la sospecha y no sobre la confianza. Al productor se le puede exigir que demuestre la cadena completa de títulos de su tierra hasta su origen en la Nación. Además, la ley mide la productividad con parámetros que dejan un margen amplio de discrecionalidad a la administración, y restringe las formas de asociación y arrendamiento con las que el campo se organiza en todo el mundo. A eso se suma una legislación ambiental, sanitaria y agroalimentaria dispersa, con muchas autoridades y poca coordinación.”

“El resultado de esta dualidad es lo que denomino el pasivo oculto de la empresa agraria: un riesgo legal que no aparece en el balance, pero que encarece el crédito, aleja al inversionista y frena la inversión de largo plazo. Dicho esto, mi mensaje al empresario agrario es de responsabilidad, no de queja. El marco es imperfecto, pero buena parte del riesgo legal depende de la propia actividad: de tener su expediente en orden, su producción demostrada y sus contratos por escrito.”

-Ante la urgencia de superar estas barreras y optimizar el entorno de negocios, surge de inmediato la interrogante sobre cuáles deben ser los cambios normativos indispensables para dinamizar el sector.

¿Qué reformas legales considera prioritarias para dinamizar el mercado de tierras y la actividad productiva en Venezuela?

“Lo primero es advertir que reformar solo la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario sería insuficiente. Venezuela necesita una reforma integral del derecho agrario, ambiental y agroalimentario, pensada como una sola política: preparar al país para un crecimiento sostenido de su producción agraria para su mercado interno y para competir en los mercados internacionales. Este año se han reformado las leyes de hidrocarburos, de minas y del sector eléctrico para atraer inversión; el campo merece la misma atención. Dicha transformación se organiza en siete prioridades fundamentales:”

“En primer término, se requiere certeza sobre la tierra mediante un programa nacional de regularización y saneamiento de títulos, con plazos, catastro rural georreferenciado y conexión entre el registro inmobiliario, el catastro y el Instituto Nacional de Tierras. La regla debe ser clara: quién es dueño, quién ocupa legítimamente y con qué derecho. La propiedad saneada debe quedar firme y no sujeta a revisión indefinida.”

“En segundo lugar, es vital instaurar un mercado de tierras y de contratos agrarios, sustituyendo la prohibición general de la llamada tercerización por una ley moderna que regule el arrendamiento, la aparcería, la ganadería compartida, la integración agroindustrial y la agricultura por contrato, protegiendo a la parte débil sin impedir el negocio. También deben definirse las condiciones en que la tierra adjudicada puede transmitirse y servir de garantía.”

“Como tercer punto, se debe garantizar la productividad con reglas objetivas. La función social de la tierra debe mantenerse como principio constitucional, pero medida con criterios técnicos, públicos y verificables, con procedimientos que respeten el debido proceso y con justa indemnización cuando corresponda.”

“En cuarto lugar, en materia de financiamiento y garantías, se requiere un régimen de crédito agrario adaptado al ciclo biológico, con garantías sobre cosechas, rebaños y maquinaria, seguro agrícola y con la tierra regularizada como activo que el banco y el mercado de capitales puedan aceptar.”

“Como quinta prioridad, se demanda un marco ambiental y sanitario que habilite, proponiendo una ventanilla única y plazos ciertos para los permisos de ambiente, aguas, bosques, sanidad animal y vegetal, pesca y acuicultura, entendiendo que la sostenibilidad es hoy la condición de entrada a los mercados.”

“En sexto lugar, es inaplazable un derecho agroalimentario para exportar, impulsando trazabilidad desde la parcela, inocuidad y calidad certificadas con estándares internacionales, denominaciones de origen para rubros como el cacao y el café, y adecuación a exigencias como el reglamento europeo contra la deforestación. El decreto reciente que simplifica los trámites de exportación va en la dirección correcta, pero lo que exige el comprador extranjero es, cada vez más, prueba de legalidad.”

“Finalmente, se necesita consolidar la justicia e institucionalidad, fortaleciendo la jurisdicción agraria especializada, promoviendo el arbitraje y la mediación para los conflictos contractuales, garantizando la protección efectiva de la producción frente a ocupaciones de hecho y al delito rural, e incorporando un régimen de sucesión agraria que preserve la unidad de producción cuando falta el fundador.”

“Desde SOVEDAGRO, la Sociedad Venezolana de Derecho Agrario, ofrecemos nuestro criterio técnico para ese debate. Una reforma así no se escribe solo entre abogados: debe hacerse escuchando a quienes producen, a quienes financian y a quienes compran. La seguridad jurídica es un factor de producción, tan importante como la tierra, el capital, el trabajo y la tecnología.”

Agradecemos profundamente al Dr. Marcos Ordóñez Paz por compartir su valiosa perspectiva jurídica y su amplia experiencia con nuestra audiencia. Extendemos a todos los productores, empresarios, gerentes y actores del sector una cordial invitación a sumarse al IV Encuentro Gerencia, Economía y Finanzas del Agro (GEFAGRO 2026), un espacio clave para seguir construyendo soluciones y fortaleciendo la competitividad de la agroindustria nacional.

Redacción Visión Agropecuaria / Gilberto Esteva-Grillet