Detrás del hambre de los venezolanos hay una trama de corrupción

BOGOTÁ – La estampida migratoria de venezolanos que a diario cruzan las fronteras de los países vecinos, por tierra, mar o aire, confirma la crisis de dimensiones históricas que vive el país.

El desplome de la economía venezolana —la tercera caída más pronunciada que se haya registrado en todo el mundo desde 1960, según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) dado a conocer la semana pasada— significa que no hay producción nacional y que el dinero para importar alimentos escasea. ¿La consecuencia? Una crisis humanitaria en la que el hambre campea.

Cáritas Venezuela, una organización de la Iglesia católica, reportó en un estudio reciente que 65 por ciento de los niños menores de cinco años presentaron “algún grado de desnutrición o estaban en riesgo de tenerla”. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reveló que hasta 11,7 por ciento de la población está en condición de “subalimentación”.

Pero hay una nueva y rapaz clase empresarial que, en connivencia con jerarcas del Estado, no ha tenido pudor para convertir este drama en una oportunidad de negocio, un negocio del que el gobierno de Nicolás Maduro ni habla ni quiere que se hable.

Migrantes venezolanos que viven en Medellín duermen en la fila para asistir a una feria de trabajo en Colombia, en septiembre de 2018. CreditJoaquín Sarmiento/Agence France-Presse — Getty Images

Es el caso de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Los CLAP fueron oficializados como plan estatal en marzo de 2016 y “son el milagro creado por la Revolución”, según advierte el presidente venezolano en sus reiteradas presentaciones por televisión. Hoy existen 32.000 de esos comités en todo el país y las cajas o bolsas de combos de productos de primera necesidad que reparten —con harina de maíz, leche, atún enlatado, arroz y otros granos, pastas y aceite para cocinar, principalmente— alcanzan, según cifras oficiales, hasta tres millones de hogares o doce millones de venezolanos.

Lo que, en principio, iba a ser un plan para producir desde la base, a modo de células partidistas agrupadas en torno a una utopía comunal, es en la práctica una transacción entre empresas públicas y sociedades de maletín creadas para esconder a los verdaderos beneficiarios en distintos paraísos fiscales. Estos, al ser descubiertos, se muestran dispuestos a silenciar el trabajo de la prensa.

Seis de cada diez venezolanos reciben con intermitencias la caja CLAP como fórmula para sobrevivir a la ya crónica escasez de alimentos y al insoportable costo de la vida. Para el gobierno venezolano también es un mecanismo de control político que contribuyó “sustancialmente a ganar la Asamblea Nacional Constituyente, las elecciones de gobernadores y las elecciones de alcaldes, transformándose también en una herramienta de movilización y de consciencia política”, admitió Freddy Bernal, coordinador nacional del programa.

En octubre de 2018, una fotografía del presidente Nicolás Maduro cuelga en el interior del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, en donde un grupo de venezolanos protesta por mejores salarios. CreditFernando Llano/Associated Press

El programa, en el que el gobierno gastó cerca de 5000 millones de dólares entre 2016 y 2017, ha sido para unos cuantos el origen de sus crecientes fortunas. Detrás de las importaciones masivas para los CLAP desde México, Panamá, Colombia y, más recientemente, Turquía están empresarios cercanos al poder que hacen las veces de intermediarios.

Álex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, un dúo de empresarios colombianos contratistas del chavismo desde al menos 2011, por ejemplo, están entre los grandes ganadores de este negocio, gracias a una enrevesada trama de empresas offshore que recorre el mundo. Luisa Ortega Díaz, la fiscala general de Venezuela, destituida y en el exilio desde el año pasado, acusó a los dos empresarios de ser los operadores de una empresa llamada Group Grand Limited, registrada en Hong Kong y con filial en México, que según la fiscala pertenecería al propio presidente venezolano.

Aunque esa conexión no ha sido probada, el sitio de internet Armando.Info, un portal venezolano de periodismo de investigación para el que trabajamos como editores y reporteros, ha revelado con una docena de reportajes desde el año pasado los entretelones de esta trama diseñada para ocultar a los beneficiarios del negocio.

Entre enero y septiembre del año pasado, por ejemplo, estas empresas casi duplicaron el precio de la leche en polvo, de gran consumo entre los sectores populares de Venezuela.

Pero el fraude de estos empresarios no se limita a los sobreprecios de importaciones masivas. Impulsados por una lógica de maximización de las ganancias, Saab y Pulido a menudo distribuyen alimentos que no cumplen con los estándares mínimos de nutrición, algo en lo que sus contrapartes del gobierno no reparan, por descuido o complicidad.

En uno de sus reportajes Armando.Info comprobó, por ejemplo, que la leche en polvo que traen los CLAP difícilmente puede llamarse leche. El análisis químico a ocho marcas distintas del producto arrojó resultados dramáticos: un niño tendría que tomar hasta 41 vasos diarios de algunas de esas marcas de leche para cubrir su requerimiento diario de calcio, cuando lo normal sería 1,8 vasos. A la falta de calcio y proteínas en su composición, se suman excesos en sodio y carbohidratos.

A raíz de hallazgos como los mencionados, los autores de este artículo, junto con nuestro colega Alfredo Meza, quien hoy reside en los Estados Unidos, tuvimos que salir de Venezuela a principios de este año tras ser objetos de una demanda introducida el año pasado por Álex Saab por los delitos de “difamación agravada continuada” e “injuria continuada”, con penas de hasta seis años de prisión. Gracias a sus conexiones con el poder y a la parcialidad de la justicia venezolana, cooptada por el régimen de Maduro, Saab consiguió que el tribunal prohibiera a los periodistas salir del país.

Como los periodistas de Armando.Info seguimos publicando nuestras investigaciones desde el exilio, Saab solicitó a la jueza de la causa que nos prohibiera mencionarlo en nuestro sitio. El tribunal no solo concedió la petición: en un hecho sin precedentes, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dependiente del gobierno, nos instó a no divulgar mensajes que “vayan en contra del honor y la reputación” del empresario colombiano y envió circulares a los proveedores de internet en Venezuela para que impidieran las publicaciones. En la práctica, se trata de un intento por legalizar la censura e impedir que las investigaciones periodísticas continúen.

Ante el acoso judicial y la posibilidad de que el sitio web quedara bloqueado en Venezuela, más de una docena de plataformas de periodismo independiente acordaron publicar en bloque el más reciente reportaje de Armando.Info relacionado con esta historia.

La voluntad de ocultamiento de las autoridades venezolanas contrasta con la conducta de los gobiernos de varios países del continente, como los de Estados Unidos, Colombia, México y Panamá, que han iniciado investigaciones sobre el flujo trasnacional del dinero que circula en torno al negocio de los CLAP.

Los gobiernos de los países desarrollados desde los que, con frecuencia, se exportan los bienes con que comercian los entramados irregulares como este de los CLAP harían bien en iniciar un monitoreo coordinado del destino final de sus productos y de la identidad de sus compradores intermediarios, tal como se hace con los flujos financieros. Una iniciativa de este tipo contribuiría a debilitar a las redes de corrupción que sirven de base a la cleptocracia de Venezuela.

Los esfuerzos de investigación, desde el periodismo o la justicia, deben seguir revelando ante el mundo y sobre todo ante los ciudadanos de Venezuela, sus víctimas, la pericia a la vez asombrosa y perversa de unos aventureros capaces de lucrar con el descalabro de una nación entera.