Agroecología
Entra en vigor la ley europea de restauración de naturaleza, aprobada en junio tras meses estancada en el Consejo
Unión Europea .- Se contemplan medidas que van desde la repoblación de bosques, hasta el humedecimiento de páramos.
Unión Europea .- Se contemplan medidas que van desde la repoblación de bosques, hasta el humedecimiento de páramos.
Los Veintisiete aprueban definitivamente la Ley de Restauración de la Naturaleza.
La Comisión Europea ha anunciado la entrada en vigor este domingo de la controvertida ley de restauración de la naturaleza, destinada a devolver los hábitats a su estado natural, que fue aprobada a mediados de junio tras meses paralizada por falta de consenso en el Consejo.
Con este texto, la Unión Europea busca recuperar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas comunitarias para 2030 y todos los ecosistemas que lo necesiten para 2050.
A este fin, se contemplan medidas que van desde la repoblación de bosques, hasta el humedecimiento de páramos, pasando por la devolución de ríos a su cauce natural, entre otros.
El lado controvertido de esta iniciativa legal tiene que ver principalmente con el temor de los agricultores a que traiga consigo la imposición de fuertes restricciones para el sector. No obstante, ha aclarado la Comisión, corresponderá a cada uno de los Veintisiete decidir las medidas concretas a aplicar en su territorio.
En la actualidad, en torno al 80% de los hábitats del territorio comunitario se encuentran en mal estado, según datos de la propia UE. Asimismo, el 70% de los suelos se encuentran en un estado insalubre y el 10% de las especies de abejas y mariposas sufren amenaza de extinción.
La ley, que había sido objeto de un largo y acalorado debate, fue finalmente aprobada por una estrecha mayoría el pasado 17 de junio, tras el cambio de posición de Austria, que terminó votando a favor de una versión suavizada del texto inicial.
Así, esta primera ley europea de biodiversidad ha salido adelante con el voto a favor de 20 Estados miembro, la abstención de Bélgica y el rechazo de Finlandia, Italia, Hungría, Países Bajos, Polonia y Suecia, que alegaron su elevado gasto y su posible impacto sobre el sector agrícola como motivo de su rechazo.
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