UNT: El gobierno condenó al 96% de los venezolanos a padecer Inseguridad Alimentaria

Los encargados del Sector Agroalimentario del Partido Político Un Nuevo Tiempo (UNT), entre los que se destaca el productor agrícola Fernando camino Peñalver, elaboraron un informe relacionado con  el comportamiento del área durante  el primer semestre de 2021.

En el documento resumieron la difícil realidad que enfrenta el campo venezolano y responsabilizaron al gobierno nacional de haber condenado al 96% de los venezolanos a vivir en situación de Inseguridad Alimentaria, de haber arruinado a más de  más de 130 mil familias de productores y a cientos de granjas avícolas y porcinas; de la situación de desempleo en que se encuentran el 90% de los 50 mil agrotécnicos venezolanos y el 70% de los trabajadores del sector rural, de los cuales un gran porcentaje se vio obligado a  emigrar.

Denunciaron que las acciones delictivas que atentan contra la seguridad personal y de los bienes de los productores se incrementaron durante el periodo señalado; particularmente las relacionadas con los secuestros y asesinatos de productores de hortalizas y de transportistas que se arriesgan a trasladar  frutas y hortalizas a los centros de distribución y de consumo.

Revelaron que a causa de esos delitos y de otros como las invasiones, la “matraca” en alcabalas, como se conocen comúnmente las extorciones realizadas por funcionarios de seguridad, el abigeato, el hurto y el desmantelamiento de maquinarias, embarcaciones y de la infraestructura productiva y de la escasez de combustible, se produjo una notable disminución de la producción agrícola.

Dentro de las denuncias mencionaron que a raíz de la falta  de  Poderes Públicos en el país, se incrementó drásticamente la Inseguridad Jurídica en el sector Agroproductivo.

“Ésta se manifiesta ahora, aún más, con el cobro de “tributos municipales e impuestos estatales” a los productores por la movilización de ganado y de la cosecha, además del cobro de coimas en las alcabalas donde tienen que dejar dinero en efectivo y parte de los alimentos o materia prima que transportan”, denunciaron.

Con atención a este último tema, estiman que por ser el 2021 un año electoral, se han incrementado los delitos como las invasiones y el saqueo de fincas, que además son avalados por instituciones del gobierno.

En este sentido, rechazan la supuesta intención del gobierno de imponer  un estado comunal, violando sin reservas el Artículo 4 de la carta magna, que sostiene que nuestro país es un Estado Federal descentralizado, guiado por los “principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”. 

“Esta imposición,  sin duda, aumentará el centralismo en detrimento de la ruralidad. Mientras el régimen se reúne en Caracas con la Dirigencia Empresarial, en el interior del país arrecian las invasiones de unidades de producción agropecuarias, promovidas por ellos”, detalla el informe.

Asimismo rechazan la aparente imposición de la Ley de Pesca, tras considerar que esta norma vendría viene compuesta por un contenido “ideológico arcaico y comunistoide” y que también impone el  centralismo y las prácticas totalitarias en el sector pesquero.

“Además, pretenden imponernos una ley de pesca con un contenido más cargado del tema ideológico arcaico y comunistoide, que supera con creces el centralismo y las prácticas totalitarias de la ley vigente, la cual  acabó con la producción pesquera y el desarrollo de la acuicultura de nuestro país”, reseña el dictamen.

  Vía Prensa UNT / Visión Agropecuaria/ Zuleima Falcón Velásquez

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