En Zulia UGAVI denuncia estado de anarquía por inseguridad

ZULIA-Venezuela.- Miembros de etnias indígenas Yukpas y grupos irregulares conocidos como GEDO, mantienen en total estado de anarquía a zonas ganaderas de la Villa del Rosario de Perijá en el estado Zulia. 

Un verdadero estado anárquico signado por la indefensión, impunidad y vulnerabilidad de los derechos ciudadanos ante hechos delictivos cometidos a plena luz del día por parte de miembros de etnias Yukpa de la zona, denuncian los gremios ganaderos de esta zona.

El productor agropecuario Gomel Sierra Arteaga , Presidente de la Unión de Ganaderos del Municipio Rosario de Perijá (UGAVI), denunció que  el problema de inseguridad causado por estas etnias ha venido incrementándose, específicamente en la sub región Perijá. 

Explicó que los ganaderos de la zona y la ciudadanía en general además son extorsionados constantemente por quienes conforman los llamados Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada, comúnmente conocidos como (GEDO), los cuales están conformados por grandes cantidades de personas. 

Afirma que se trata de grupos irregulares al estilo de los que operan en el  centro del país como lo son el Tren de Aragua o los de La Cota 905, los cuales están conformados por presuntos  delincuentes dedicados a extorsionar bien sea desde las cárceles o desde el exterior del país. 

Aunque admite que los cuerpos de seguridad de la zona han estado trabajando a fin de prevenir estos delitos, respecto a los hechos delictivos cometidos por los Yukpas de la zona,“no ha habido la voluntad política” para ponerle fin a esta situación; pese a que estas denuncias han sido elevadas ante los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. 

¿Con quienes se han reunido?

“Nos hemos reunido con los Generales, con los comandantes de los diferentes cuerpos de seguridad, principalmente con la Guardia Nacional porque es quien tiene el contacto y el control de ese territorio y la respuesta ha sido que lamentablemente no pueden hacer nada y tienen qué buscar una jurisdicción o una situación específica para poder contrarrestar esta situación”. 

Denunció que en la conocida Troncal 6 que es la vía que conduce desde la vía Machiques-  Colón hasta Maracaibo, grupos conformados por estas etnias instalan hasta 20 alcabalas como mecanismos de control en contra de los ciudadanos para impedirles el paso si no les pagan la extorsión o lo que en la zona conocen como “cobro de vacuna”. 

Asegura que esta situación delictiva por parte de los Yukpas se incrementa de manera particular cuando éstos grupos indígenas carecen de alimentos u otros insumos como gasolina. 

El método de actuar es conformando grupos de entre 14 y 15 personas, cada 80 kilómetros aproximadamente, a lo largo de la mencionada arteria vial, impidiendo el libre tránsito de vehículos y cuando los ciudadanos no acceden a darles dinero, son sometidos y agredidos físicamente, sostuvo. 

¿Qué piden los indígenas a cambio de permitir el libre tránsito?

“Están cometiendo varios delitos: cuando no les das plata te agreden físicamente, aquí se está cometiendo el delito de extorsión; 

trancan la vía, impidiendo el paso, que es un derecho constitucional el libre tránsito de vehículos”.  

Denuncian que una de las situaciones más graves, además de las agresiones físicas causadas por estos individuos, es el tema del transporte de alimentos perecederos como leche,  carne y vegetales.  

Precisamente para evitar pérdidas y que se atente contra la seguridad alimentaria de los ciudadanos; los productores agrícolas y ganaderos, han sido enfáticos en denunciar esta situación ante distintas instancias gubernamentales, tal como sucedió en días pasados en la zona cuando se perdieron cerca de 20 mil litros de leche, porque estos grupos impidieron el paso de los camiones de transporte. 

Zonas de alto riesgo 

En este sentido convocan a los sectores de comerciantes, industriales y de transportistas para que sumen esfuerzos y eleven sus exigencias ante los organismos estatales, tomando en cuenta que a raíz de esta situación delictiva, las zonas de Machique y Rosario de Perijá son consideradas de alto riesgo y en muchas ocasiones ambas localidades han sufrido una marcada escasez de alimentos.

Asegura que sumado a lo antes expuesto, esta situación anárquica hace que en la zona se incrementen los precios de los alimentos, perjudicando principalmente a los consumidores. 

Vulnerado Derecho a la salud 

No obstante, existe otro hecho más grave y es que al impedir el libre tránsito por la zona, niegan el derecho a la salud a decenas de ciudadanos entre estos a embarazadas o a quienes obligatoriamente deben dirigirse a los centros de salud bien sea a consultas médicas de control, a realizarse tratamientos urgentes como diálisis o quimioterapias. 

¿Cuál ha sido la respuesta de los Cuerpos de Seguridad?

“A mi juicio no ha habido voluntad política para enfrentar esta situación. La respuesta no ha sido positiva, ellos dicen que en el Zulia es distinto, más no pasó así en Valencia donde sí los echaron para atrás y no los dejaron pasar”.  

¿Qué es lo que ha hecho distinta esta situación en Carabobo y en Zulia? 

“ Esa misma pregunta se las hice yo a las autoridades, dije si es que en el país hay ciudadanos de primera o de segunda o que si la ley no era para todo el mundo. Estos delitos donde se cometan son iguales y el tratamiento a los ciudadanos que tenemos derechos  y deberes; en este caso ellos tienen deberes qué cumplir y nosotros derechos que se nos respeten, no se ha hecho posible. Ellos dicen que están buscando la forma”. 

Cuerpos de Seguridad afirman que no tienen competencia 

A juicio del gremialista los Cuerpos de seguridad aseguran que “no tienen jurisdicción” para atacar estos grupos delictivos por tratarse de etnias indígenas; por esta razón estarían “buscando la forma jurisdiccional”para poder judicializarlos. 

Como medida para contrarrestar estos hechos delictivos que afectan considerablemente al sector y a la ciudadanía en general; todos los gremios unidos consignaron un documento con la denuncia ante la Fiscalía Superior del estado Zulia, ante la Fiscalía General de la República, con copia a la  Asamblea Nacional y al Consejo Legislativo, entre otros organismos. 

www.visionagropecuaria.com.ve /  Zuleima Falcón Velásquez 

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