El Estado latifundista
- NoticiasOpinión
- 12/09/2016
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Como tierramenta se refiere en el llano a la tierra en exceso, aclarando que desde la fundación de los primeros hatos, hasta mediados del siglo XIX, la unidad de medida de la sabana fue la legua cuadrada castellana, de 1.720 hectáreas. Después le sucedería la legua “llanera” que según Daniel Mendoza (1846): “tiene algo más que la legua castellana”. Caída en desuso, la legua de 2.500 hectáreas, define el tamaño mínimo de la propiedad en el llano para calificar como hato, siempre y cuando contenga 2.000 cabezas de ganado por lo menos.
Grande entonces tenía que ser la tierra en exceso, para que el llanero acostumbrado al aforo de la inmensidad, hablara de tierramenta. Codazzi, el geógrafo, estimó el llano propiamente dicho (Apure y Guayana) en 3.448 leguas cuadradas que junto a las sabanas de Barinas, Guárico y Barcelona, sumaba 9.000 leguas cuadradas. Desde esos estudios hasta la Ley de Reforma Agraria de marzo de 1960, la posesión ni el uso de la “tierramenta” sería tocada. Después, hasta el 2000, no se hablaría del tema mientras el ente que sustituiría “el sistema latifundista por un sistema justo de propiedad”, se convirtió en el primer terrateniente del país.
Así del Instituto Agrario Nacional -IAN, heredó el actual Instituto Nacional de Tierras- INTI, sobre 11 millones de hectáreas, más de un tercio de los 30 millones de hectáreas disponibles. Por eso al replantearse con la Ley de Tierras del 2000 y su reforma de junio 2010, “acabar con el latifundismo”, el Estado debió comenzar por intervenirse el mismo como primer y único latifundista de Venezuela que es.
De hecho mediante el terror agrario hecho ley, el Estado despojó además desde entonces casi 6 millones de hectáreas a los propietarios de fincas privadas.
De seguida la abrupta caída de la producciónnacional agroalimentaria no se hizo esperar, persistiendo hasta nuestros días y proyectándose indefinidamente debido a las políticas y políticos equivocados que hambrean a Venezuela.
Por eso debe proceder la derogación de la Ley de Tierras y la intervención por la Asamblea Nacional del Instituto Nacional de Tierras, INTI.
Bajo el precepto de “la tierra es de quién la trabaja”, el Estado latifundista no debe poseer más nunca ni una hectárea. Es justicia, como pidió Franklin Brito.
