Proclama del Campo Venezolano

El campo venezolano sufre hoy la peor crisis que se conozca en la historia republicana, como producto de la pésima gestión de la “política agroalimentaria” que ejecuta el régimen “revolucionario”. Esta crisis es causada por una “política sectorial” incoherente, inconsulta, retrógrada y contraria a los intereses nacionales.

La  constitución nacional establece que la producción de alimentos es fundamental para el desarrollo económico y social de nuestra Nación y que la seguridad alimentaria se debe alcanzar desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna. Por lo tanto, el Estado Venezolano está en la obligación constitucional,de promover la agricultura sustentable como base del desarrollo rural. El régimen, a partir de 1999, implementó decenas de leyes y decretos que convirtieron en letra muerta este mandato constitucional y comenzó a dictar medidas contrarias a la libertad económica y al respeto a la propiedad. El régimen asumió como Política de Estado, la destrucción del sector privado productor de alimentos para intentar sustituirlo por empresas de producción socialista. Como era de esperar, esta política fracasó, igual que ha sucedido en todos los países del mundo donde se ha estatizado la producción de alimentos.Este desacierto lo estamos sufriendo y pagando muy caro todos los venezolanos.

Es una falacia del régimen pretender justificar la destrucción del sector productor de alimentos, con el argumento de las sanciones impuestas, por países preocupados por rescatar nuestra libertad, a personajes del régimen involucrados en la violación de derechos humanos, hechos de corrupción, terrorismo y narcotráfico, así como a empresas del régimen o vinculadas a éste, que se prestan para cometer los mismos delitos. Si analizamos las cifras de producción, esta falsedad del régimen se cae por su propio peso. A partir de 2008 la producción de casi todos los rubros agrícolas comienza a descender y en 2013 la producción entra en barrena.

Causas de este descenso?: la escasez de insumos, de maquinarias, de repuestos y su alto costo dolarizado, las dificultades y obstáculos para conseguir combustible, y el casi inexistente servicio de energía eléctrica.  Aunado a estas calamidades, padecemos la inseguridad personal en el campo, el abigeato, robos, invasiones y saqueos de las unidades de producción, con el agravante del desconocimiento de la propiedad de las tierras, de las bienhechurías y de las cosechas. Para completar este trágico cuadro, están otros infortunios que sufre el productor, como lo es el cobro ilegal de comisiones y de porcentajes sobre la cosecha que imponen arbitrariamente algunas gobernaciones y alcaldías. Estedespojo esquilma las menguadas utilidades de los productores, así como el cobro de coimas en las alcabalas para permitir el libre tránsito y para la emisión de guías de movilización de semovientes y de cosecha. Estos factores terminan conformando un cuadro patético de inseguridad jurídica y personal, que raya en una actividad delincuencial, que nada tiene que ver con sanciones internacionales.

Capítulo aparte merece el abandono al que está sometido el sector de la pesca y de la acuicultura: por los problemas de escasez de sus medios de trabajo, de la piratería, de la carencia de infraestructura, de servicios y del modelo extractivista impuesto por el régimen que obvia los preceptos de aprovechamiento responsable y ecosistémicos, esta situación ha generado una caída de la producción de 200 mil toneladas de captura y de producción a partir de 2008. Además la población pesquera y los acuicultores, tienen que lidiar con los frecuentes derrames y emanaciones de hidrocarburos ya frecuentes en el Lago de Maracaibo y en la zona marítima del occidente, debido a la negligencia manifiesta de Pdvsa.

Otro flagelo que está padeciendo el sector, es la desaparición del crédito agrícola para los pequeños y medianos productores, debido al elevado encaje legal establecido por el BCV. La salvaje apertura comercial del régimen promueve una competencia desleal de los productos alimenticios manufacturados en detrimento de la producción nacional. La entrada al país de estos productos se está permitiendo sin mayor control sobre su origen, contenido y condiciones sanitarias, sin medir sus nefastos efectos sobre la salud y la nutrición de nuestra población, además del daño al desarrollo agrícola y agroindustrial de nuestro país.

En materia de ciencia y tecnología aún no hemos entrado al siglo veintiuno.El régimen ni hace ni deja hacer. Secuestró los centros de investigación, asfixió económicamente a las universidades, a las escuelas técnicas y mediante el control de cambio, por mucho tiempo, practicó el oscurantismo tecnológico. Además, la desinversión en la educación rural, en la extensión agrícola y en el acompañamiento, es evidente.Los jóvenes del campo migran por centenares al no encontrar la educación y la formación, que les permitan proyectar un futuro esperanzador.

La intolerancia y la injusticia es otra de las características del régimen, los gremios de productores son amenazados por advertir el desastre de la política agrícola, mientras que muchos productores han sido detenidos simplemente por reclamar legítimamente sus derechos y no dejarse chantajear ni pagar coimas.Otros han sido víctimas de las mafias organizadas que operan en el medio rural.

El resultado de una política macroeconómica letal para el desarrollo social y económico de nuestro país ha generado elevados costos de los bienes y servicios, que golpean al bolsillo de más del 90% de nuestra población, cada vez más empobrecida por la caída de la capacidad adquisitiva del ingreso familiar, que no permite a un 80% de ella, ni siquiera abastecerse de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos mínimos de sus necesidades nutricionales. El derecho humano a la alimentación es letra muerta para el régimen.

Hoy 23 de enero de 2021, cuando se conmemora el 63º aniversario del nacimiento de nuestra Democracia, hoy golpeada y desconocida por el régimen usurpador de Nicolás Maduro, nosotros productores del campo y nuestras familias, proclamamos una vez más nuestro legítimo derecho constitucional de trabajar y producir en paz. Hacemos un llamado a la sociedad civil organizada, a los gremios de la producción, a los gremios profesionales y a las organizaciones políticas para que nos unamos con un solo propósito, lograr la libertad de nuestra nación. Alertamos a los países democráticos del mundo de la grave crisis humanitaria que estamos padeciendo y los instamos a que hagan cumplir los tratados internacionales suscritos para defender la libertad, para restablecer la democracia y el respeto a los derechos humanos, garantizar nuestro derecho al libre ejercicio de la libertad económica, el derecho al trabajo, a la alimentación y el sagrado derecho a la vida.

Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional

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