Gobierno atenta contra la poca actividad económica con medidas antiempresas

Gobierno atenta contra la poca actividad económica con medidas antiempresas

Desde renovar máquinas fiscales, pagar impuestos anclados al petro y aplicación de inéditos gravámenes, hasta los nuevos montos mínimos para el registro y constitución de sociedades mercantiles, las estrategias aplicadas por el gobierno para buscar recursos desmotivan y atentan contra el crecimiento de la empresa y la intención del ciudadano de dedicarse a una actividad lucrativa de manera formal y legal, según Fedecámaras.

Pese a que el PIB venezolano acumula una contracción de 64,4% desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, según la Asamblea Nacional (AN), un colapso económico sin precedentes en América Latina, el gobierno ha tomado una serie de medidas en el marco de su programa de recuperación que, según expertos, atentan aún más contra la poca actividad económica que subsiste en Venezuela.

Desde renovar máquinas fiscales, pagar impuestos anclados al petro y asumir inéditos tributos, hasta los nuevos montos mínimos para el registro y constitución de sociedades mercantiles, las estrategias aplicadas por el gobierno para buscar recursos desmotivan y atentan contra el crecimiento de la empresa y contra la intención del ciudadano de dedicarse a una actividad lucrativa de manera formal y legal, según Ricardo Cusanno, presidente de Fedecámaras.

Sin duda alguna esto desincentiva y envía a la informalidad a las personas, cuando más bien lo que buscamos es formalidad y legalidad para que haya una cadena de valor mucho más fuerte, y así el Estado recibiría más ingresos vía impuestos. Pero lamentablemente otra vez se erra en este tipo de políticas y de decisiones”, expresó

En noviembre de 2018 fue publicada en la Gaceta Oficial 41518 la providencia administrativa 0141 emitida por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), en la que ordena a los comerciantes comprar máquinas fiscales para ser incorporadas a cada punto de venta electrónico.

Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio, alertó en junio pasado que ante la contracción de 75% que acumula el sector comercio, no es posible que los negocios compren una máquina fiscal, pues se requiere una inversión superior a los 1.000 dólares por cada dispositivo.

Aunado a eso, de acuerdo con la Ordenanza de Impuesto sobre la Renta, Industria y Comercio 443-C de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (Sumat), ahora los negocios que aún funcionan en el municipio Libertador de Caracas deben pagar impuestos anclados al petro, una moneda digital que Maduro creó en agosto de 2018 y que fue sancionada por Estados Unidos.

Capozzolo denunció que esas exigencias atentan contra la sustentabilidad de los pequeños, medianos e incluso grandes comercios. En 2017 quedaban menos de 250.000 de las 830.000 empresas que existían en el país en 2002, según Consecomercio; gremio que asegura que solo el año pasado 40% de los negocios cerraron sus puertas.

Otra de las medidas aplicadas por la administración de Maduro fue publicada en la Gaceta Oficial 41667, de fecha 3 de julio. Se trata de la Ley Constitucional que crea el Impuesto a los Grandes Patrimonios aprobada por la asamblea constituyente presidida por Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El primer artículo de la norma señala que el impuesto creado grava el patrimonio neto de los sujetos pasivos especiales que sea igual o superior a 36 millones de Unidades Tributarias (UT) para personas naturales y 100 millones de UT para las jurídicas.

El abogado tributarista Leonardo Palacios aseguró que el gobierno, de manera “ilegítima” e “inconstitucional”, pretende hacer un cobro injusto con el Impuesto a los Grandes Patrimonios a empresarios en medio de una “desoladora y cruenta crisis”. Advirtió que la medida traerá cierres de empresas, que ya no podrán aguantar más esta “pavorosa” recesión, y por lo tanto mayor desempleo.

El IGP retrasa y constituye un desestimulo a la capitalización que tanto necesita al país después del desmantelamiento de su industria. Buscan con el IGP apropiación medios producción que lograron con leyes inconstitucionales propias de regímenes planificados centralmente”, dijo

Se incentiva la informalidad

La última medida antiempresa tomada hasta ahora es la publicación de los nuevos montos mínimos fijados por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) para el registro y constitución de pequeñas, medianas y grandes empresas. Hasta abrir un quiosco, que de todas las sociedades comerciales es la más económica de crear, es ahora prácticamente irrealizable.

El capital social mínimo requerido por el Saren para abrir un simple expendio de chucherías y revistas en la calle es ahora de 22,8 millones de bolívares, el monto más bajo de la lista y que equivale a 2.664,3 dólares al tipo de cambio oficial informado por el Banco Central de Venezuela (BCV), que el viernes 26 de julio se situaba en 8.557,29 bolívares. Una suma de dinero que puede superar con creces el capital dispuesto por un emprendedor.

Abrir un colegio, una sociedad mercantil que beneficiaría a la sociedad en medio de la actual crisis del sector educativo, pues además existe el riesgo de que cierren planteles educativos privados, cuesta en moneda estadounidense 45.294,7 dólares, es decir, 387,6 millones de bolívares. El monto se acerca al mínimo requerido para la constitución de una empresa en el arco minero, que son 450 millones de bolívares (52.586,7 dólares).

Entre 100 millones y 200 millones de bolívares cuesta abrir negocios como una agencia de viajes y turismo, una panadería, una peluquería, una zapatería, un abasto y una perfumería.

La Cámara de Comercio de Maracaibo se pronunció en un comunicado, donde sostiene que, tras los incrementos de los montos mínimos de capital social requeridos por el Saren, ahora “será más difícil y complicado invertir en el país”.

Afirmó que la medida tomada por el gobierno de Maduro está lejos de facilitar la constitución de nuevas empresas o llevar al sector formal la gran cantidad de negocios informales que existen.

Palacios coincidió con la opinión esbozada por el gremio marabino. Advirtió que la decisión del gobierno de elevar los montos mínimos para constituir una sociedad mercantil genera mayor desinversión y un incentivo perverso a la informalidad económica.

La gente, en lugar de querer formalizarse, va a preferir estar en la penumbra sin pagar impuestos de ningún tipo, nacionales, estadales ni municipales, sin pagar contribuciones parafiscales, mantener los llamado contratos basura (temporales y que ofrecen salarios muy bajos), cambiando de empleados cada tres meses. El Estado lo que debe buscar es la formalidad y no la informalidad, pero entre buscar incentivar y buscar recaudación, la administración madurista prefirió mayor recaudación”, expresó Palacios

Capozzolo dijo que en este momento el país está atravesando el puente de la Venezuela petrolera a la que simplemente no tiene petróleo, es decir, a la Venezuela pospetrolera. ¿Cuál es la diferencia? “En esta nueva Venezuela al Estado no le alcanza el petróleo para sostenerse y el mensaje que está mandando es que nosotros los comerciantes, industriales, la libre iniciativa privada y muy prontamente todos los ciudadanos de este país, tendremos que sostener al Estado”.

Sin embargo, indicó que el gobierno no debe hacer esta transición de manera voraz o de manera agresiva hacia las pocas empresas sobrevivientes que existen actualmente. “Debe hacer todo lo contrario, debe buscar ampliar la base tributaria e invitar a más empresas, sobre todo a los emprendedores que muy lamentablemente están del lado informal, a la formalidad con los estímulos e incentivos correspondientes. Tenemos que exigirle al Estado primero que se reduzca, segundo que sea eficiente y tercero que nos brinde servicios públicos de calidad”, añadió Capozzolo.

Según el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, para que el gobierno no dependa del Banco Central de Venezuela (BCV) en términos de financiamiento monetario, tendría que recaudar más impuesto interno, pero esa base de recaudación no puede subir porque la economía está extremadamente contraída.

“Es prácticamente imposible que Maduro pueda sustituir el financiamiento monetario por interno a través de impuestos, y si eso no lo logra no puede sacarnos del ciclo hiperinflacionario. Sin transición política no habrá transición económica, y aquí el modelo chino no es viable”, sentenció Oliveros.

Tal Cual  / Carlos Seijas Meneses

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