Alimentación y propiedad
- Opinión
- 24/10/2016
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En Venezuela durante el período revolucionario de 17 años, el comunismo que es la supresión de la propiedad privada de los medios de producción, ha tenido su máxima expresión con la Ley de Tierras promulgada en 2001. Desde entonces seis millones de hectáreas de tierras fueron despojadas a sus propietarios privados. El despojo agrario precedido o no de violentas invasiones, de secuestros, extorsión y asesinatos de productores, fueron ejecutados a punta de fusil con intervención militar. Los propietarios fueron desposeídos por el Instituto Nacional de Tierras -INTI, sin inventario ni recibo de sus bienes y contenidos fundiarios, y sin posibilidad de defensa legal ante el despojo y desocupación inmediata que inclusive afectó al personal y sus familias.
Iniciada la supresión de la propiedad privada agraria, la política comunista se extendió a la agroindustria y al agrocomercio. También a la propiedad industrial e inmobiliaria en las ciudades. El impacto negativo sobre la actividad agrícola, agroindustrial, agrocomercial, y los demás sectores no se hizo esperar. La inversión privada nacional y extranjera se detuvo. Cientos de empresas cerraron y los empresarios y el capital emigraron. El sector agroalimentario afectado además por la competencia desleal de las importaciones y los controles, sufrió un grave retroceso. El déficit de la producción creció disimulado por la amplia oferta importada, agravándose con la caída estrepitosa del ingreso petrolero y de las reservas internacionales. Como resultado las importaciones de alimentos se hicieron mínimas e insuficientes frente a la demanda. Sin ellas ni producción suficiente, la escasez y el desabastecimiento alcanzan 100% en algunos rubros. La inflación resultante compromete el acceso y consumo de alimentos. Las políticas fracasadas agravan la malnutrición, la salud y la tensión social.
En este entorno, la insistencia de implantar aquí el comunismo, choca con la expectativa agroalimentaria. Históricamente los regímenes comunistas han sido incapaces de proveer la debida seguridad alimentaria. Para alcanzarla es indispensable la inversión, propiedad y actividad privada. Por eso su supresión de los medios de producción en Venezuela es incompatible con el interés nacional de la seguridad alimentaria.
